Provinciales

agrandar texto achicar texto imprimir compartir Una Justicia que funciona, arrepentidos que declaran, funcionarios procesados, independencia de poderes y fin de privilegios; son algunos de los efectos de la nueva Argentina que nació en diciembre del 2015. La necesidad de un cambio se materializó en las urnas para hacerse carne en la realidad.

Desde el Juicio a las Juntas nuestro país no vive un cambio de ese tipo. Y vale decir que el Juicio a la Juntas fue un punto de inflexión, porque después de él la Argentina desterró la posibilidad de un gobierno de facto. Estoy convencido de que este gran jaque a la corrupción puede arribar al mismo resultado, desenquistar la corrupción de las instituciones estatales en complicidad con las corporaciones.

Los cuadernos ponen en anotaciones y palabras los hechos de una realidad que estaba invisibilizada. Las prácticas de empresarios aportando a campañas políticas para ser beneficiados rigieron por años en este país, pero comienza a acabarse. Y de esta forma la posibilidad de políticos de hacerse millonarios mediante esa complicidad.

Vivimos en un país en el que menos de un tercio de los funcionarios acusados por corrupción llega a juicio, y donde los casos de haber cumplido pena en prisión son solo grandes excepciones. Asimismo, solo dos de cada cien investigados por este delito tuvieron una sentencia condenatoria. Pero también vivimos en un país en el que parece que su cuota de tolerancia terminó y que por primera vez comienza a hablar de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

En sintonía con este cambio cultural, producto de un reclamo social y de la decisión del Gobierno, en todos sus niveles, de no mirar hacia otro lado, se llevaron adelante reformas históricas en la policía bonaerense, donde casi diez mil policías fueron apartados de la fuerza y muchos otros, detenidos. Nuestra sociedad había normalizado convivir con una policía corrupta, que, lejos de ofrecernos seguridad y garantías, nos proporcionaba temor. Una policía cómplice del narcotráfico.


Por eso, cuando este Gobierno habló de luchar contra el narcotráfico, no se trataba de un eslogan sino de una real política de Estado. El narcotráfico es el responsable de la mayor cantidad de delitos en Argentina y durante el año 2017 fue récord la cantidad de confiscaciones que se produjeron. Desbaratando lógicas que coexistieron por años.

Es hora de reconocer que desde lo judicial y desde la política se están dando señales que nunca antes se habían dado, que muestran que finalmente hay un reclamo social que es escuchado. Estamos avanzando hacia una sociedad más transparente y una mejor política. En este sentido, la ley de extinción de dominio, que hoy estamos discutiendo, es una deuda de la política con la gente, para saldar años de estafa e impunidad, mostrando que otro país es posible.

El autor es diputado por la provincia de Buenos Aires.